Hace apenas unos días se levantó el bloqueo de los camioneros independientes en San Antonio y este martes amanecimos con cortes parciales en la Ruta 5, en la Ruta 68 y en el acceso al puerto de Iquique. Son dos movilizaciones distintas, con convocantes distintos. Para el sector agroalimentario, sin embargo, el efecto se parece bastante: incertidumbre justo en el momento del año en que menos podemos permitírnosla.
El malestar tiene base. En lo que va del año, el diésel subió 53 %, y desde fines de julio aumentó casi $500 por litro. Un camionero dueño de uno o dos camiones negocia sus tarifas con generadores de carga mucho más grandes que él, así que para él esa cifra no tiene nada de abstracta. Puede ser la diferencia entre seguir trabajando o vender el camión.
Pero bloquear rutas descarga el costo sobre quienes tienen menos espalda para absorberlo. Lo vimos en San Antonio, por donde sale prácticamente la mitad de la fruta que exportamos, en plena partida de la temporada de cerezas a China. Lo veremos ahora con las hortalizas que suben desde Coquimbo o bajan desde el Maule, y con la leche y los animales vivos, que simplemente no pueden esperar. Un productor de la agricultura familiar campesina no tiene cómo cubrir varios días de venta perdida.
Además, la agricultura llega golpeada a este paro. El Niño está dejando daños importantes en la producción y el arancel de 12,5 % en Estados Unidos tendrá un costo que la SNA estima en 800 millones de dólares en cuatro años. A eso se suma que el alza del petróleo ya se trasladó a fertilizantes y fletes. Nada de esto es responsabilidad de los camioneros, por cierto, pero explica por qué cada día de carretera cortada pesa más de lo habitual.
Me preocupa que la discusión se reduzca a negociar el precio del combustible entre el gobierno y un grupo de dirigentes. La propuesta de limitar las próximas alzas a $20 por litro puede bajar la temperatura. Lo que no resuelve es cómo se reparten los costos a lo largo de la cadena logística. Hoy el eslabón más débil es el transportista independiente, y cuando ese eslabón se corta el costo se traslada hacia atrás, al productor, y hacia adelante, al consumidor.
Hay también un problema de representación que el Estado no puede pasar por alto. Las dos grandes confederaciones del transporte de carga no adhieren a este paro. La convocatoria de este martes vino de la Confederación Fuerza del Norte, con el movimiento No Más TAG como vocero, y en San Antonio negoció una agrupación local. Con un gremio tan fragmentado, cualquier acuerdo corre el riesgo de durar lo que tarde en aparecer el siguiente grupo descolgado.
En lo que compete a la Agricultura, hay dos cosas que no deberían esperar. La primera es un protocolo de corredores para productos perecederos y animales vivos que Agricultura, Transportes e Interior acuerden con anticipación a eventuales cortes de ruta. La segunda es contar con información pública y periódica sobre tarifas de fletes y costos logísticos del agro, para que la próxima negociación se haga con datos sobre la mesa y no con camiones atravesados en la Ruta 5.
El campo chileno ha aprendido a convivir con sequías, heladas y mercados volátiles. Pero no debería tener que aprender a convivir con la carretera como lugar permanente de negociación.
Fuente: El Mostrador