Se agudiza la situación de las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias durante el incendio que, la noche del pasado miércoles 11 de noviembre, redujo a cenizas entre 57 y 60 casas en los barracones de Javid, ubicados en el sector Palmarito, en la parte alta de la ciudad de Barahona.
Dos días después del siniestro, numerosas familias permanecen a la intemperie, mientras que otras han tenido que refugiarse en iglesias, viviendas de familiares y debajo de bancas de apuestas, sin contar hasta el momento con una solución habitacional estable.
Giselina Cuevas, una de las afectadas, calificó de tímida la respuesta de las autoridades y cuestionó la propuesta gubernamental de cubrir tres meses de alquiler a los inquilinos y seis meses a los propietarios de las viviendas destruidas.
«Quieren darnos tres meses y después que nosotros hagamos lo que queramos. Eso no se puede, porque no tenemos dónde dormir ni dónde vivir. Después que se cumplan esos tres meses, ¿para dónde vamos? Eso no lo vamos a aceptar», manifestó.
Advirtió que los damnificados podrían lanzarse a las calles a protestar o instalarse en el liceo Federico Henríquez y Carvajal si las autoridades no les ofrecen una solución adecuada.
Cuevas explicó que entre los afectados hay madres con tres y cuatro hijos pequeños que permanecen a la intemperie y que, aunque reciben fundas con alimentos, no tienen cómo prepararlos.
«Se les agradece que nos trajeran esas fundas, pero ¿dónde las vamos a cocinar? Perdimos las estufas, todo se nos quemó», expresó.
Sonia Batista Díaz, madre de cinco niños, relató que una noche tuvo que dormir en casa de un hermano y la siguiente, debajo de una banca de apuestas junto a sus hijos.
Su situación se agrava debido a que una de sus hijas acaba de dar a luz y también se encuentra entre los damnificados.
«Nosotros necesitamos comida, agua y ropa, pero también queremos dónde dormir. No tenemos ni un colchoncito para tirarlo en el piso. Estamos amaneciendo en la calle», expresó.
Batista Díaz, quien además presenta problemas en una de sus piernas, aseguró que algunos afectados pasan las noches sentados en sillas o acostados directamente sobre el suelo.
Pidió a las autoridades habilitar provisionalmente el liceo Federico Henríquez y Carvajal o las instalaciones de los Comedores Económicos del Estado, ubicadas frente a los barracones, en la calle José A. Robert.
«Que nos traigan la comida cocinada, pero que también nos saquen de aquí y nos pongan en un lugar estable. Nosotros no estamos estables», insistió.
También cuestionó la duración de la asistencia para el pago de alquileres, debido a que muchas de las familias carecen de empleos y fuentes de ingresos.
Sentada en una silla, rodeada de varias fundas y una maleta verde que contenía algunas prendas de vestir donadas, María Esthel Molina recordó que hace seis años les prometieron entregarles viviendas.
La mujer hizo referencia al proyecto habitacional Villa Esperanza, cuya construcción, según afirmó, se inició durante una de las gestiones del expresidente Leonel Fernández.
Lamentó que las familias continúen viviendo en condiciones de vulnerabilidad mientras el proyecto habitacional permanece inconcluso.
Consideró que la tragedia ha puesto en evidencia las condiciones de precariedad en las que han vivido durante años los residentes de los barracones.
A la pérdida de sus viviendas y ajuares se suma la dificultad para recuperar los documentos de identidad que fueron destruidos por las llamas.
Erika Rosario, madre de un menor de edad, denunció que acudió a la oficina de la Junta Electoral de Barahona para solicitar un duplicado de su cédula, pero allí supuestamente le informaron que debía pagar RD$1,200 para obtener el documento.
«Yo fui a la Junta y le dije que mi casa se quemó y que se me quemó mi cédula», relató Rosario, mientras sostenía varias prendas de vestir que le habían donado.
La afectada cuestionó que no se tome en consideración la situación económica de quienes perdieron todas sus pertenencias durante el incendio.
Amaury Féliz, quien lleva 20 años residiendo en los barracones, denunció que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) no ha restablecido el servicio eléctrico en las viviendas que quedaron en pie tras el incendio.
Aseguró que, desde la noche del miércoles, el vecindario permanece a oscuras y que, hasta la mañana de este sábado, los residentes no habían recibido la visita de técnicos de la distribuidora.
Aunque reconoció que el sector disponía de un sistema de cableado artesanal, consideró que las autoridades deben aprovechar la situación para regularizar las instalaciones eléctricas.
El presidente de la junta de vecinos de los barracones, Freddy Féliz, informó que las evaluaciones preliminares sitúan entre 57 y 60 el número de familias afectadas por el incendio.
El dirigente comunitario manifestó su desacuerdo con la propuesta de cubrir tres meses de alquiler a los inquilinos y seis meses a los propietarios, y solicitó una nueva reunión con las autoridades para buscar alternativas.
Advirtió que la limitada disponibilidad de viviendas en alquiler en Barahona dificulta la reubicación simultánea de decenas de familias.
«A veces una sola persona dura tres, cuatro y hasta cinco meses buscando una vivienda y no la encuentra. Ahora hábleme usted de 57 o 60 familias, ¿qué vamos a hacer con ellas?», cuestionó.
Entre las alternativas planteadas por el dirigente comunitario figuran el traslado provisional de los damnificados a la Villa Olímpica de Villa Central y la habilitación de las instalaciones de los Comedores Económicos del Estado como refugio temporal.
Féliz informó que la noche del viernes se comunicó con la gobernadora provincial, Oneida Féliz, a quien solicitó un nuevo encuentro para abordar la situación.
Mientras esperan una respuesta, los damnificados continúan dependiendo de las donaciones de particulares y de la solidaridad de las iglesias y los residentes de otros sectores.
A más de dos días y medio de la tragedia, la incertidumbre sobre dónde dormir y cómo reconstruir sus vidas sigue siendo la principal preocupación de las familias.
Fuente: Diario Libre