Entiendo que varios de ustedes tienen dudas sobre este tema; quiero explicarles mis razones”.
La voz del presidente José Antonio Kast sonó tranquila en el Salón Democracia y Memoria la mañana del lunes 9.
No es usual que el mandatario asista al tradicional comité político ampliado que reúne a principios de semana a los jefes de partidos del oficialismo y a los ministros del equipo político, pero esta vez tomó la iniciativa para sofocar personalmente la crisis interna que desató la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores de edad por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Aunque su tono no lo delataba, en los últimos días el presidente había acumulado molestia. Mientras estaba de gira en su primer viaje a Europa desde que desembarcó en La Moneda —que coronó con una audiencia con el papa León XIV—, las filas oficialistas bullían en fórmulas para superar la crisis Rabat. Todas, sin embargo, tenían un punto en común: la necesidad de un cambio de gabinete. Las más audaces incluían, además, una reformulación del diseño político, en el que, más que un cambio de nombres, se necesita fortalecer la coordinación con los partidos y combinar capacidades técnicas con experiencia en gestión pública.
Con el paso de los días —la crisis estalló el 21 de octubre—, el escenario empeoraba. Las críticas a Rabat y la amenaza de una acusación constitucional, que terminó presentándose este jueves 12, se cruzaron con la fase final de la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados, el paro de los camioneros, el reconocimiento de una “recesión técnica” de la economía por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y una caída sostenida en la popularidad presidencial en las encuestas.
Cuando el presidente Kast tomó la palabra, la expectación en el salón subió al máximo.
Quienes conocieron la intervención destacaron que la explicación del presidente fue escueta. En términos directos, dejó en claro tres puntos: que no iba a haber cambio de gabinete, al menos en el corto plazo; que el ministro Rabat se mantendría en su cargo, pues para él se trata de un tema de principios, ya que no está dispuesto a ceder a las presiones de la izquierda; y, tercero, que es crucial que la acusación constitucional —que en ese entonces era solo una amenaza de la oposición— sea rechazada para evitar que ese mecanismo se utilice en el futuro como una fórmula para desmembrar su gabinete.
La cartilla estaba leída. Y la reacción de los presidentes de los partidos fue guardar silencio y acatar la decisión con una mezcla de resignación y disciplina.
Los ministros presentes, en tanto, asintieron ante la embestida presidencial. Ya estaban al tanto de las razones de Kast, quien en su círculo más cercano ha sido insistente en señalar que no se va a dejar pautear por los partidos y que, así como en el pasado le ha funcionado ser contraintuitivo, esta vez nuevamente está convencido de que su apuesta es correcta.
A diferencia de los conflictos anteriores —los más gruesos han sido el bencinazo, los problemas con el Segundo Piso y la agenda de Seguridad—, la controversia por las rebajas de penas decantó en un diagnóstico compartido por Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Arturo Squella (Republicanos). Una diferencia no menor —eso sí— fue que el líder de los republicanos, el partido del mandatario, optó por un bajo perfil público en esta oportunidad.
Aunque no tienen reuniones de coordinación, el grupo sí comparte un chat —llamado “Presidentes”— que durante estos días de crisis ha estado más activo.
En las conversaciones que han mantenido con el biministro Claudio Alvarado y el vocero Gonzalo Arenas —los interlocutores de esta crisis por parte del Gobierno—, han mantenido la postura común de impulsar ajustes al equipo ministerial.
Eso sí, después de que trascendió que ambos personeros de Gobierno les transparentaron a los partidos que están trabajando en un nuevo diseño político para el gabinete, lo que desató la molestia presidencial, los líderes partidarios sellaron un pacto de silencio para blindar sus conversaciones.
El martes 10, Balladares, Squella y Cruz-Coke cruzaron raudos del Senado hacia la Cámara de Diputados, donde se encontraba Ramírez en medio de la discusión del Presupuesto 2027.
El cuarteto se reunió por cerca de 40 minutos en la antesala de su cita con el presidente Kast en Cerro Castillo, Viña del Mar.
Juntos hicieron caja del escenario político que enfrentan. Coincidieron en que se continuaba enfrentando un problema político importante y que las respectivas bases partidarias les generaban problemas de disciplina que, a ratos, se les dificultaba contener.
También abrocharon el mensaje que darían al presidente en la cita, que terminaría por durar cerca de tres horas: hay que mejorar el diseño político del Gobierno.
Aunque resignados a la decisión presidencial de no tocar a su staff ministerial, los jefes de partidos mantienen su postura de que el problema del modelo político aplicado por Kast está agotado y que esa podría llegar a ser la gran conclusión de la crisis Rabat.
La visión más crítica del manejo de la controversia está en Renovación Nacional. Desde esas filas se admite que la senadora Andrea Balladares ha liderado una posición más radical para salir de la crisis.
Su análisis —tal como lo explicitó la semana pasada en La Tercera— es que “cuando se cometen errores de esta magnitud, esa responsabilidad también exige asumir sus consecuencias, incluso cuando ello supone tomar decisiones difíciles y anteponer el interés del país a cualquier consideración personal“. Y que el riesgo mayor no está en la caída en las encuestas, sino que el deterioro de la confianza ciudadana termine condicionando la gestión del Gobierno.
Pese a que ha socializado públicamente la dureza de su postura, Balladares también ha tenido que lidiar con sus filas partidarias y parlamentarias, donde —ya es un hecho— existe la mayor desafección oficialista con el Gobierno.
En esa línea, jugó un rol clave para descomprimir la presión interna, que quedó expuesta en la dura comisión política de Renovación Nacional del lunes 2, en la que, si bien se cuestionó la conducción del Gobierno, no se pidió expresamente la salida del titular de Justicia, como lo exigían algunos, entre ellos la senadora María José Gatica.
Como contrapeso, la mira se puso en el Segundo Piso, el grupo de asesores presidenciales que lidera Alejandro Irarrázaval.
“Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al presidente de la República”, se lee en el texto.
El diagnóstico es que este conflicto ha eclipsado —al igual que pasó con el proyecto de seguridad— la agenda de Gobierno; que no se está poniendo el foco en la solución de las demandas ciudadanas, especialmente en materia económica y de empleo. Y, peor aún, que está generando desafección, tal como lo registran los sondeos de opinión pública.
En los últimos días, la senadora continúa en intensas gestiones para garantizar que ningún voto de un parlamentario de su partido se sume, por acción u omisión, en favor de la acusación constitucional a Rabat.
Con más cautela pública se ha movido el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en mayo declaró a esa tienda como una de las más leales al Gobierno de Kast.
La frase todavía es objeto de cuestionamiento entre sus detractores internos. Más aún en estos días, ante la molestia por la rebaja de condenas y la mantención de Rabat.
El pulso del gremialismo lo tomó La Moneda el lunes 2, el mismo día de la compleja comisión política de RN.
Esa noche, el ministro Alvarado y el subsecretario Arenas, dos hombres con timbre UDI —el primero como militante y el segundo por haber fichado en esas filas por tres décadas—, se sumaron a un asado de camaradería de la bancada gremialista en la casa del coordinador legislativo Rodrigo Pinochet, en Concón.
El primer signo fue el sorpresivo retiro del diputado Cristóbal Martínez, por estimar que la presencia de las dos autoridades de Gobierno alteraba la idea original y convertía un encuentro social en una reunión política. Luego, se desató la molestia de los diputados por la rebaja de condenas y por la decisión de Kast de mantener a Rabat.
La diputada Marlene Pérez fue la más categórica y le advirtió a Alvarado que ella no estaba en condiciones de rechazar una acusación constitucional en contra del titular de Justicia, por el compromiso que tiene en defensa de la infancia. Eso sería una incoherencia, le dijo. Mientras que, con matices, también plantearon una decisión similar los diputados Hotuiti Teao y Ricardo Neumann, mientras la conversación giraba en torno a distintos focos de incomodidad por el tratamiento que, según dicen, han recibido de La Moneda.
“Sin duda que es un problema la toma de medidas sin consulta a los partidos”, sostiene el diputado Mario Olavarría.
El problema que debe administrar Ramírez es que la sensación interna es que la lealtad incondicional no ha tenido réditos. Incluso, una fuente de la directiva confidencia que el nombramiento de Gonzalo Arenas como subsecretario Segegob no fue informado con anticipación a la mesa UDI, a pesar de que el cargo iba a ser ocupado por alguien que militó por años en esa tienda.
Los detractores de esta estrategia sostienen que el gremialismo debe hacer pesar su voz y no seguir dando cheques en blanco por adelantado. Un cuestionamiento que dirigen al presidente del partido por haber afirmado —sin que siquiera la oposición presentara el texto— que la UDI va a rechazar la acusación constitucional.
“Es una manipulación, es un uso, es una instrumentalización de los niños. Y es por esa razón que nosotros vamos a rechazar la acusación constitucional”, sostuvo en radio Pauta, aunque se valora que esté haciendo pesar ante La Moneda —junto a RN y Evópoli— la necesidad de una cirugía más profunda.
Ya presentada la acusación constitucional, Ramírez continúa con la amenaza de que los votos de la UDI se sumen a la embestida en contra de Rabat.
Aunque lidera la colectividad más pequeña del oficialismo, el senador Luciano Cruz-Coke ha tomado también su lugar en el debate público, impulsando ajustes en el diseño del Gobierno.
Al senador tampoco le ha salido fácil contener a sus parlamentarios cuando uno de los sellos característicos de su colectividad ha sido “los niños primero”. Por hoy, tiene asegurados los votos de sus congresales en favor del Gobierno.
El líder de los republicanos optó desde un primer momento por alinearse sin matices con la posición de Kast en defensa del titular de Justicia.
El entusiasmo —eso sí— le costó la única diferencia que han sostenido los líderes del oficialismo en esta crisis.
Y es que Arturo Squella embistió contra el exministro Hernán Larraín (UDI) por haber cuestionado la versión de Rabat, señalando que “no hay derecho adquirido” y que la jurisprudencia de la Corte Suprema evolucionó.
“Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schafer, no crees Hernán?”, preguntó el senador en sus redes.
Producido el posteo, recibió el llamado de Ramírez y Cruz-Coke para que retirara sus recriminaciones, las que provocaron indignación en la UDI, partido que estuvo a punto de suspender su asistencia a los comités políticos por el ataque a uno de los dirigentes históricos del gremialismo.
Si bien Squella coincide en que La Moneda debe tomar más en cuenta las opiniones políticas de sus partidos, ha empujado con fuerza el respaldo de Kast a Rabat, basado en que el respeto a la institucionalidad es una regla de oro en el Gobierno.
Desde entonces, el senador republicano ha optado por un repliegue público táctico —coordinado con el resto de los timoneles, ya que él dirige el partido del mandatario— y se ha enfocado en impulsar la vía legislativa en la solución de la crisis: derogar la ley que permite rebajas de condenas.
El caso Rabat —dicen en su entorno— ha permitido contener a las filas republicanas que, en privado, venían acumulando molestia por la falta de indultos y otras decisiones de Gobierno con las que no están cómodos.
Hoy, la apuesta en el oficialismo está en que la acusación constitucional no pase la barrera de la Cámara de Diputados. La posibilidad de infligir una dura derrota a la oposición está en el manual de los jefes de partidos oficialistas. Así lo conversaron con el presidente en la cita de Cerro Castillo, cuando este les preguntó directamente con quién puede contar de cara a la acusación contra Rabat.
Una vez soslayado ese punto, podrían retomar con mayor intensidad la idea de convencer al mandatario de decidirse a dar luz verde a un nuevo diseño de Gobierno.
Fuente: La Tercera