Raquel Peña ha decidido recordarles a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que sigue aspirando a subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta y que no está dispuesta a abandonar la competencia sin dar la batalla. Después de meses de relativa discreción, durante los cuales su candidatura parecía perder impulso y algunos de sus seguidores se acercaban a otros proyectos, la vicepresidenta ha endurecido el discurso y asumido una actitud de confrontación que contrasta con su habitual prudencia.
Su reciente intervención en Matinal, de Telemicro, tuvo un contenido inequívocamente político. Reivindicó su experiencia, justificó las particularidades de su campaña y denunció ataques procedentes del propio entorno oficialista. Lejos de una entrevista rutinaria o una simple reafirmación de aspiraciones, constituyó una señal de que está dispuesta a disputar el espacio que otros precandidatos han venido ocupando.
La frase más reveladora fue también la más breve: «Yo no necesito bajarte a ti para subir yo».
Peña acababa de referirse a una campaña de descrédito que, según sus palabras, no procedía necesariamente de adversarios externos. «Este proceso de campaña ha sido despiadado», sostuvo.
La vicepresidenta aseguró que, gracias a la información disponible en el Palacio Nacional, había conocido anticipadamente ataques dirigidos contra ella. Sus declaraciones adquieren especial significado después de los señalamientos que circularon en su contra a raíz del escándalo de Senasa.
Aunque no identificó responsables ni presentó pruebas públicas que permitieran atribuirles esas acciones, sus palabras contienen una acusación política de considerable gravedad: sugieren que la lucha por la candidatura presidencial ha dado paso a maniobras de descrédito entre sectores del oficialismo.
El señalamiento coloca al PRM ante una contradicción incómoda. Mientras sus dirigentes proclaman la necesidad de preservar la unidad para las elecciones de 2028, una de sus principales figuras denuncia prácticas que, de confirmarse, revelarían una competencia interna bastante menos civilizada de lo que aconsejan las circunstancias.
Otro de los mensajes de Peña tuvo destinatarios reconocibles. Milagros Ortiz Bosch había señalado que la vicepresidenta necesitaba mayor experiencia política, aunque reconoció sus cualidades personales y administrativas.
Sin mencionarla, Peña recordó que su vinculación partidaria precede a su llegada al Gobierno. Evocó los antecedentes familiares en el PRD y su participación en la campaña presidencial de Hipólito Mejía en 2012, cuando asumió responsabilidades en el sector externo y la recaudación de fondos.
La respuesta fue indirecta, pero suficientemente clara. Peña rechaza que se la considere una figura llegada a la política exclusivamente desde los ámbitos académico y empresarial. A esos antecedentes añade seis años en la vicepresidencia, una experiencia de gobierno que presenta como credencial para aspirar al cargo más importante del Estado.
Sin embargo, el cuestionamiento que enfrenta no se limita a su conocimiento de la política. La experiencia administrativa y el ejercicio de altas responsabilidades públicas no equivalen necesariamente a disponer de una organización partidaria capaz de ganar una candidatura presidencial.
El relanzamiento introduce inevitablemente al presidente Luis Abinader en el análisis. Resultaría sorprendente que Peña hubiera emprendido una ofensiva pública de esta naturaleza sin conversar previamente con el mandatario, aunque no existe confirmación de que esa consulta se produjera.
La distinción fundamental está entre conocimiento, aquiescencia y respaldo presidencial. Que Abinader conozca sus planes, e incluso que no tenga objeciones a su activismo, no significa que haya decidido favorecerla frente a David Collado, Carolina Mejía o los demás aspirantes. El presidente ha proclamado su neutralidad y un eventual visto bueno para competir sería compatible con esa posición.
No obstante, la reactivación de Peña puede ser interpretada por algunos dirigentes como una señal de que su candidatura conserva espacio dentro del entorno presidencial. Esa percepción, aun sin constituir un endoso, podría influir en quienes todavía no han comprometido sus apoyos.
La presencia de varios aspirantes competitivos también preserva el papel de Abinader como árbitro de la sucesión. Una candidatura que alcanzara demasiado pronto una posición dominante reduciría los márgenes de maniobra del mandatario dentro de su organización.
La incógnita es hasta dónde podrá administrar esas rivalidades si las denuncias de ataques internos comienzan a convertirse en un elemento recurrente de la campaña.
Peña ha explicado por qué su actividad proselitista no puede compararse con la de sus competidores.
«Mi proyecto es distinto. A mí ustedes no me van a ver haciendo una campaña en la calle. Yo tengo que gobernar», declaró.
No contempla solicitar licencia de sus funciones y sostiene que su mejor contribución a la candidatura consiste en ayudar a que el Gobierno concluya satisfactoriamente su gestión.
El argumento es institucionalmente defendible, pero encierra una dificultad política. La vicepresidencia le proporciona visibilidad nacional y acceso permanente a los asuntos de gobierno, aunque también le impone obligaciones que limitan su participación en reuniones partidarias y recorridos territoriales.
Su desafío consiste en transformar el reconocimiento público en respaldo electoral sin confundir las actividades institucionales con el proselitismo.
Pero existe un problema adicional: las candidaturas no se construyen únicamente mediante exposición pública. Requieren dirigentes comprometidos, estructuras territoriales, recursos y capacidad de movilización. Precisamente en esos terrenos sus principales competidores llevan meses avanzando.
Fuente: Diario Libre