A partir del 2005, cuando entró en vigencia la reforma procesal de la Región Metropolitana, la criminalidad organizada estaba radicada principalmente en algunas poblaciones de la zona sur de Santiago, con dos mercados que explotaban principalmente, que eran el tráfico de droga y los delitos contra la propiedad.
En cuanto a los delitos de secuestro que cometían estas organizaciones, hubo un peak hacia 2007-2008, que fue controlado con una persecución penal eficiente, gracias a la cual se detuvo a los autores y el fenómeno fue absolutamente controlado, pero era un fenómeno de secuestro extorsivo donde la víctima no era lesionada ni era sometida a tratos inhumanos y crueles, y era liberada si es que la negociación no producía ningún efecto.
Entre el 2016 y 2017 se notó un cambio en la forma en que operaban las organizaciones nacionales y empezaron a aumentar los niveles de violencia en un rango bastante importante, llegando a un 57 % el porcentaje de imputados desconocidos –por sobre el de conocidos– en los delitos de homicidio. Así también, el delito entre personas conocidas o con armas blancas o de objeto contundente pasó a ser minoritario frente al delito cometido por arma de fuego.
¿Qué implicaba esto? Que los homicidios se estaban cometiendo por enfrentamientos entre organizaciones criminales y ya no entre particulares, por lo tanto, había menos sentencias condenatorias producto de este fenómeno.
La vinculación que tenían estos grupos con organizaciones transnacionales o extranjeras, principalmente peruanas, bolivianas y paraguayas, decía relación con –simplemente– ser los proveedores: en el caso paraguayo, de marihuana; en el caso de Perú y Bolivia, de cocaína base y clorhidrato de cocaína, pero la vinculación solo se daba producto del efecto comercial de proveedor y receptor de droga.
Pasado el periodo de postpandemia, nos encontramos con que en ese tiempo se ha producido un fenómeno de inmigración irregular de una manera bastante descontrolada, puesto que empiezan a ingresar a Chile organizaciones criminales extranjeras, como concretamente ocurre con el Tren de Aragua, producto de que se liberan desde las cárceles venezolanas una serie de delincuentes que estaban condenados y que llegan a Chile a cometer delitos, porque hay una serie de mercados ilegales que no estaban siendo utilizados por las organizaciones chilenas.
En este caso, las nuestras, como indiqué antes, ocupaban principalmente el mercado del narcotráfico y de los delitos contra la propiedad; sin embargo, estas otras organizaciones transnacionales empiezan a ocupar el mercado del sicariato, de la extorsión, del secuestro con homicidio y el de la trata de personas con fines de explotación sexual, donde comienzan a controlar la prostitución en nuestro país, todo lo que genera la creación del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) en la Región Metropolitana, para efectos de enfrentar el fenómeno del secuestro en el contexto del crimen organizado.
A partir del 2024 se produjo una estabilización de estos fenómenos criminales y posteriormente una baja, tanto del secuestro como del homicidio, pero lo que empezó a ocurrir con las organizaciones nacionales es que, para competir con las estructuras criminales transnacionales, empezaron a aumentar los niveles de violencia y a involucrarse en delitos que antes no cometían.
Así, aumenta la presencia de secuestros extorsivos en los cuales se ejerce mucha violencia en contra de las víctimas, a diferencia de lo que ocurría antes, imitando a las organizaciones extranjeras.
De ese modo, los fenómenos criminales y las organizaciones, tanto nacionales como transnacionales, han venido a cambiar el fenómeno del delito en la actualidad y lo que tenemos el día de hoy son organizaciones que están mucho más estructuradas, con niveles de violencia mucho mayores, pero también más tecnificadas y utilizando, en este caso, las plataformas de envío de remesas al extranjero para poder sacar desde el país todos los dineros que generan producto de la explotación de los mercados ilegales.
Fuente: El Mostrador